En agosto de 2021, surgieron una serie de cuestionamientos en torno a un acuerdo de cooperación alcanzado entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central. Este convenio, que se había presentado como una colaboración entre los gobiernos locales liderados por el exalcalde Daniel Jadue y Felipe Muñoz, fue impugnado el 3 de octubre por la Contraloría General de Recoleta y fue considerado no solo ilegal, sino también un ejemplo de mala gestión pública, según informó La Tercera.
Contexto del convenio
El objetivo inicial del convenio era fomentar la cooperación entre ambas municipalidades para resolver problemas comunes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la Contraloría argumentó que los términos eran demasiado vagos y no especificaban claramente los deberes y responsabilidades de cada parte. Este tipo de deficiencias legales puede abrir la puerta a interpretaciones erróneas y posibles abusos de poder, un aspecto que la Contraloría subrayó como crucial.
El informe también destacó que Recoleta había recibido advertencias sobre convenios similares en el pasado, lo que significa que la administración de Jadue había sido cautelosa en cuestiones legales. La Contraloría había alertado previamente sobre la necesidad de estructurar convenios de manera que cumplan con el marco legal, pero estas advertencias no fueron tomadas en cuenta.
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La investigación
La investigación que llevó a la Contraloría a tomar esta decisión se inició tras denuncias de un funcionario municipal y una inmobiliaria. Estos denunciantes señalaron irregularidades que estaban afectando la gestión y el funcionamiento de las municipalidades. Además, el exconcejal Mauricio Smok, quien ha estado activamente investigando otros aspectos de la gestión de Jadue, solicitó que se ampliara la indagación para incluir las irregularidades relacionadas con la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), un caso que ya tiene a Jadue bajo el escrutinio de la justicia.
Subrogancia y gestión del personal
Uno de los puntos más críticos del convenio fue la subrogancia de Juan Hernández, un funcionario de la Dirección de Obras de Recoleta, quien fue enviado a Estación Central en una «comisión de servicio». La Contraloría dejó claro que este movimiento no cumplió con las normativas vigentes. Según las reglas, una subrogancia debe seguir un orden jerárquico en la ausencia del jefe de la Dirección de Obras (DOM), lo que no se cumplió en este caso, dado que se contrató a un profesional de otro municipio. Esto llevó a la conclusión de que la designación de Hernández fue completamente ilegal.
Además, se identificó que Hernández, durante su tiempo en Estación Central, recibió un doble sueldo. Aunque la Contraloría determinó que no se había pagado la diferencia completa de este sueldo, ordenó el reintegro de la suma faltante, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.
Denuncias de irregularidades
Las denuncias realizadas por la inmobiliaria involucrada alegan que Hernández pudo haber tomado decisiones deliberadamente injustas para retrasar la concesión de permisos de proyectos inmobiliarios. Según estos alegatos, la dilación podría haber sido una estrategia para presionar a las empresas a realizar pagos adicionales. Aunque la Contraloría no se pronunció específicamente sobre este aspecto, dejó claro que tales acusaciones deben ser investigadas por el Ministerio Público.
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Implicaciones para Felipe Muñoz
Felipe Muñoz, actual alcalde de Estación Central, enfrenta un panorama complicado que plantea serias interrogantes sobre su reelección a la alcaldía. Su administración, que se había presentado como un modelo de transparencia y efectividad, ahora está marcada por un escándalo que podría erosionar su credibilidad. La impugnación del convenio de cooperación con Recoleta, junto a las acusaciones de irregularidades, ha puesto su gestión bajo un intenso escrutinio público.
La legalidad de sus decisiones y su capacidad para manejar relaciones intermunicipales están siendo cuestionadas, lo que puede generar desconfianza entre los votantes. En un contexto donde la confianza pública es fundamental, las presiones sobre su administración podrían influir negativamente en su futuro político. La posibilidad de un desgaste en su imagen y en la percepción de su gestión podría ser determinante en una posible reelección, dejando a Muñoz en una posición vulnerable en el próximo ciclo electoral.
Próximos pasos
La Contraloría ha remitido todos los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, lo que indica que podrían llevarse a cabo investigaciones más profundas. Esto no solo pone en riesgo la reputación de ambos alcaldes, sino que también plantea serias dudas sobre la administración pública en general. La evolución de este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama político de la región, especialmente si se confirma algún tipo de delito o irregularidad.
Este escándalo pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como el papel crítico de las entidades fiscalizadoras en el mantenimiento de la integridad en la administración local, tal como señala La Tercera.
