En agosto de 2021, las municipalidades de Recoleta y Estación Central firmaron un acuerdo conocido como «Convenio de asociatividad, colaboración y cooperación mutua». Este convenio tenía como objetivo establecer un marco de colaboración entre ambas comunas, buscando mejorar los servicios públicos y desarrollar iniciativas conjuntas que beneficiaran a sus habitantes. La intención era optimizar recursos y crear sinergias entre municipios, lo cual parecía prometedor para las comunidades involucradas.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la Contraloría emitió un informe que cuestionó los términos del convenio. Según el ente fiscalizador, el acuerdo no se ajustaba a la legalidad y presentaba irregularidades significativas. En consecuencia, la Contraloría instruyó a ambas municipalidades a dejar sin efecto las acciones realizadas en el marco del convenio y recomendó que Recoleta se abstuviera de firmar acuerdos similares en el futuro.
Revisión de convenios existentes
La Contraloría también observó que la Municipalidad de Recoleta ha estado celebrando convenios de este tipo desde al menos 2010, lo que generó preocupación sobre la transparencia y la legalidad de estos acuerdos. Hasta la fecha, Recoleta cuenta con 24 convenios de colaboración vigentes que comparten características similares, permitiendo, entre otras cosas, el envío de equipos en comisión de trabajo entre municipios. Esto ha suscitado interrogantes sobre la gestión y supervisión de estos acuerdos.
Desde la Municipalidad de Recoleta, se aclaró que la finalidad de estos convenios es promover la colaboración mutua y explorar iniciativas conjuntas que beneficien a ambas partes. Sin embargo, la preocupación por la legalidad y transparencia de estas prácticas ha llevado a una revisión más profunda de la situación.
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Controversia del Convenio entre Recoleta-Estación Central
La controversia en torno al convenio de colaboración entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central se intensificó tras la emisión de un informe por parte de la Contraloría. Este acuerdo, firmado en agosto de 2021 por los entonces alcaldes Daniel Jadue (PC) y Felipe Muñoz (Ind.-Frente Amplio), fue objeto de cuestionamientos por su falta de legalidad. La Contraloría determinó que los términos del convenio no se ajustaban a la normativa vigente y, como resultado, instruyó a ambos municipios a dejar sin efecto cualquier actuación realizada bajo este acuerdo.
Además de cuestionar el convenio específico, el informe de la Contraloría subrayó que la Municipalidad de Recoleta había estado celebrando convenios de asociatividad y cooperación mutua desde al menos 2010. Este hallazgo generó preocupación sobre la transparencia y la legalidad de dichos acuerdos, llevando a la Contraloría a recomendar que Recoleta se abstuviera de firmar convenios con características similares en el futuro.
Hasta la fecha, Recoleta mantiene un total de 24 convenios de colaboración vigentes, muchos de los cuales comparten características similares al convenio en cuestión. Estos acuerdos permiten, entre otras cosas, el envío de equipos en comisión de trabajo entre los municipios involucrados, lo que ha suscitado más inquietudes sobre la gestión de estos convenios.
Desde la Municipalidad de Recoleta, se ha defendido la finalidad de estos convenios, argumentando que su propósito es promover la colaboración mutua y explorar iniciativas conjuntas que beneficien a ambas partes. Sin embargo, la situación actual ha llevado a un llamado a la revisión de las prácticas y procedimientos utilizados en la firma y ejecución de estos acuerdos, a fin de garantizar su conformidad con la legalidad y la transparencia.
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Investigación en curso
La controversia no se detiene ahí. La denuncia que llevó a la intervención de la Contraloría fue presentada por el abogado David Cademartori Gamboa, quien representó a inmobiliarias con proyectos en Estación Central. Su cuestionamiento se centró en la legalidad del acuerdo y la contratación de un funcionario enviado en comisión de servicio desde Recoleta a Estación Central. La Contraloría declaró ilegal esta contratación y recomendó que se designara a alguien de Estación Central para el cargo.
Además, surgieron denuncias sobre «resoluciones injustas» en la municipalidad frente a proyectos de otras sociedades, así como la existencia de un «esquema defraudatorio» que implicaría presiones para solicitar pagos a cambio de autorizaciones urbanísticas.
La Contraloría ha remitido los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que ha llevado a una investigación por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. Esta investigación, liderada por la fiscal jefa Ximena Chong, se encuentra activa y cuenta con el apoyo de la Policía de Investigaciones, lo que indica la seriedad de las acusaciones.
La controversia en torno a la colaboración entre las municipalidades de Recoleta y Estación Central ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia y legalidad en la gestión municipal. Con la revisión de convenio entre Recoleta y Estación Central y los demás existentes y la investigación en curso, el caso ha generado un debate sobre cómo se deben llevar a cabo las colaboraciones entre municipios en el futuro. Mientras tanto, la Municipalidad de Estación Central se prepara para responder institucionalmente a la Contraloría, sugiriendo que el tema seguirá siendo objeto de atención en el ámbito público y legal.
